Un grupo de personas provenientes de los distintos conos de Lima llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República, en el jirón Junín, para protestar en contra del Proyecto de Ley 03690 referido a las habilitaciones urbanas.
Los manifestantes expresaron su rechazo a que la también llamada "Ley Coca Cola" pueda ser aprobada este jueves por el Parlamento Nacional, que tiene previsto debatir la controvertida iniciativa legal.
Juan Abanto, representante del Comité de Defensa de los Parques de Lima, sostuvo que si eventualmente prospera el referido proyecto de ley, se estarían acortando los aportes a los parques en la capital.
Indicó que la población de Lima se vería también limitada en su acceso a centros culturales, concebidos gracias a dichos aportes económicos que recibe el Servicio de Parques de Lima (Serpar) por materia inmobiliaria.
¿QUÉ ES LA LEY COCA COLA?
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso propone que las empresas inmobiliarias ya no aporten al Serpar por el valor comercial del establecimiento, sino en base al valor arancelario, es decir, por la infraestructura y los servicios básicos con los que cuenta.
Serpar, organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha señalado que esta propuesta recorta su presupuesto en un 90 % y puede afectar el mantenimiento de los parques y jardines administrados por la comuna.
Serpar insiste en que no se apruebe ‘ley Coca-Cola’
El Servicio de Parques de Lima (Serpar) solicitó a la Comisión de Economía del Congreso reconsiderar su posición de querer aprobar el artículo del Proyecto de Ley 03690, referido a la modificatoria de la Ley 29090 – Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, conocida también como la ley Coca-Cola.
Según la entidad, la Comisión de Economía dictaminará el retiro o aprobación del proyecto de ley hoy en una sesión extraordinaria, mientras que el pleno del Congreso evaluará su aprobación horas más tarde.
Cabe señalar que Serpar vería reducido sus ingresos si modifica el aporte que hacen las inmobliliarias a esta entidad por habilitaciones urbanas.
Sin embargo el Gobierno, como parte del paquete de medidas para reactivar la economía, envió al Congreso un proyecto para que se cambie esta forma de cobro y se haga en base al valor arancelario, bajo el argumento de que los municipios del país no cumplen con la Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones que precisa este tipo de aporte.
