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MALOS MANEJOS POR 9 MILLONES DE SOLES DETECTÓ LA CONTRALORÍA EN 22 MUNICIPIOS: ENTRE ELLOS FIGURAN: CARABAYLLO, RÍMAC, BREÑA, SAN JUAN DE LURIGANCHO, CARMEN DE LA LEGUA, SURCO...


MALOS MANEJOS POR 9 MILLONES DE SOLES DETECTÓ LA CONTRALORÍA EN 22 MUNICIPIOS: ENTRE ELLOS FIGURAN: CARABAYLLO, RÍMAC, BREÑA, LOS OLIVOS, CARMEN DE LA LEGUA, SURCO, SAN JUAN DE LURIGANCHO, LA PERLA Y LURÍN. 


La Contraloría General de la República informó que se detectó el mal manejo administrativo en 22 municipalidades de Lima y Callao, en un perjuicio económico por más de S/.9 millones.
Entre las municipalidades donde se registró un mayor perjuicio económico están La Perla, Surco, Rímac, Breña, Carmen de la Legua, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Lurín.
Los delitos penales detectados son: negociación incompatible, peculado, falsificación de documentos y colusión de funcionarios.
El caso más grave es “la perla”
Según la Contraloría, el caso más grave se registró en la municipalidad de La Perla, donde siete funcionarios ocasionaron un perjuicio económico por más de S/.2,5 millones al haber favorecido presuntamente al contratista, falsificado documentos para sustentar la prestación del servicio de riego de áreas verdes y compra de insumos agrícolas.
En Surco, se detectó que seis funcionarios, entre el periodo 2009 y 2010, ocasionaron un perjuicio económico mayor a S/. 2 millones, tras haber favorecido indebidamente a un contratista en el proceso de contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de áreas verdes.
Del mismo modo, en el Rímac cinco funcionarios estarían involucrados en presuntos pagos irregulares por S/. 950 mil a un proveedor por servicios de sistematización del catastro urbano cuando el servicio nunca fue brindado.
En Breña, once funcionarios fueron denunciados penalmente por presuntos delitos de peculado y falsificación de documentos porque se habría pagado S/.692 mil por servicios inexistentes y se habría utilizado documentación falsa para estos propósitos.
En el distrito de Carmen de la Legua, 12 funcionarios se habrían apoderado de S/.479 mil que les fueron entregados como encargos para la adquisición de servicios, y además habrían pagado S/. 99 mil por servicios inexistentes.