Malzon Urbina es el juez que pasará a la historia como el hombre que devolvió a Lima el caos. Si bien el procurador municipal Antonio Salazar había anunciado días antes que dicho magistrado fallaría a favor del hábeas corpus de los comerciantes de La Parada, nada hacía presagiar la magnitud de su osadía, que ayer se consumó como la mayor cantinflada en la historia de la justicia peruana.
Ayer, al mediodía, el titular del 56º Juzgado Penal de Lima, Malzon Urbina, en una decisión polémica, aceptó el hábeas corpus interpuesto por los comerciantes informales y dispuso el retiro inmediato del personal policial y los bloques de cemento de las calles que evitaban el ingreso de vehículos con carga pesada al excentro de abastos, es decir el retorno del desorden.
Es así que el ‘tremendo juez’ ordenó anular las resoluciones que transfieren la denominación de “mayorista” al Gran Mercado de Santa Anita, adjudicándose atribuciones que solo le correspondían al Tribunal Constitucional, máximo organismo de justicia del país.
No fue todo, invalidó la ordenanza que declara “en situación de emergencia” las zonas adyacentes de La Parada por sus condiciones de insalubridad e inseguridad y la norma que evita el tránsito de vehículos pesados.
“Soy un hombre de ejemplos (…) la demanda versa sobre dos temas definidos; por atentar contra la libertad individual instalando tanquetas y miembros de la policía en la puerta de La Parada y por imposibilitar el tránsito de camiones con alimentos perecibles. Además se discriminó a las personas no dejándolas trabajar con tranquilidad”, indicó el magistrado que tiene un proceso de investigación por enriquecimiento ilícito y ha sido sancionado repetidas veces por aceptar hábeas corpus de otros cuestionados personajes.
EL TODOPODEROSO
Luego de atribuirse funciones de juez supremo, fue más atrevido aún. En la sentencia y en la conferencia de prensa que brindó hizo gala de un ego solo visto antes en cierto personaje presidencial. Dijo que “su fallo tenía la facultad de destituir a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por atentar contra la libertad de las personas, pero no lo hizo porque respeta que fue elegida por voluntad popular”. Es decir, que los ciudadanos debíamos agradecerle tamaño gesto, pese a que él se atribuía condiciones de Jurando Nacional de Elecciones.
La sentencia dio luces aún más claras respecto a su accionar, pues en un momento se puede leer: “Dispongo la inmediata dación de cuenta a la Comisión Permanente del Congreso los indicios razonables de la comisión de ilícitos penales por parte del señor ministro Wilfredo Pedraza…”. Ahora, también se entrometía en el Congreso.
¿JUEZ O POLÍTICO?
En la conferencia de prensa, Malzon Urbina poco o nada dijo para justificar su controvertida sentencia. Lo que no dejó pasar fue la oportunidad de lanzar críticas a la gestión de la alcaldesa. Para muchos periodistas su actitud parecía más la de un revocador que la de un juez.
Dijo directamente de la alcaldesa que su actuar fue por “motivaciones circunstanciales políticas”, que “interpretó la clausula sexta del contrato de forma tendenciosa y que presentó documentación falsa”, pese a que cuando se le pidió precisar dónde estaba esa documentación, el juez no respondió.
Así también enfiló sus cuestionamientos a la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa). Afirmó que con el dinero recaudado de La Parada, “dicha institución de la comuna capitalina debió construir un nuevo mercado y solucionar los problemas de salubridad en la zona”. Pero el magistrado aquí parece que nunca se dio cuenta que justamente para ello se intentaba recuperar el terreno.
En ningún momento reconoció que la actual gestión municipal terminó de construir pabellones en Santa Anita para el traslado de los comerciantes, donde podían trabajar de manera formal y sin enfermedades.
¿EN QUÉ SE BASA EL FALLO?
El juez Urbina argumenta su sentencia señalando que en el contrato de donación de la familia Canepa a la Municipalidad de Lima que data del año 1994, se entregó el terreno para la construcción de un mercado mayorista y minoristas, más no para la construcción de un parque. Es decir que no se podía cambiar el objetivo para el que fue concedido el terreno.
Sin embargo, no pudo explicar al detalle las dos opciones que lo llevaron a tomar esta nefasta decisión e intentó confundir a los hombres de prensa citando anécdotas y comentarios descabellados que van desde personajes como Sancho Panza hasta las crónicas del expresidente Ramón Castilla.
“Castilla quiso desocupar en una oportunidad a una finca que era del Estado para un cuartel (…) el presidente impaciente porque los tribunales no le daban la razón, ordeno la vacancia del ‘juecesito’ que se oponía a obedecerlo. Y dijo ‘Dígale que nunca olvidaré esto. (…), pues bien, yo con mi imparcial trabajo podría ser recordado de la misma manera”, afirmó el magistrado.
Según, Urbina, la Municipalidad de Lima, nunca notificó a los comerciantes sobre el traslado a Santa Anita, a pesar de que en su clausula de contrato de arrendamiento del 2010, los mayoristas aceptaron mudarse cuando entre en funcionamiento el nuevo mercado. “La actual gestión los sacó a patadas”, dijo, pese a que nunca se hizo un desalojo.
EL DATO
La alcaldesa de Lima informó que hasta anoche no había recibido la notificación del cuestionado fallo del juez Urbina. También conversó con el premier y el ministro del Interior, quienes le dieron su total respaldo.
Fuente: Diario 16