El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde y el exministro del Interior Gastón Rodríguez sostienen que se debe fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales, conocer sus fuentes de financiamiento, objetivos y cumplimiento de funciones.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindan asistencia legal a ciudadanos venezolanos en el Perú afrontan cuestionamientos sobre sus actividades y el alcance de su intervención durante los operativos de control migratorio ejecutados por el Gobierno.
Las opiniones del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde y del exministro del Interior, teniente general PNP (r) Gastón Rodríguez, apuntan a la necesidad de fiscalizar a estas instituciones y conocer sus fuentes de financiamiento, objetivos y cumplimiento de funciones.
El debate cobró mayor notoriedad luego de la difusión de un video en redes sociales en el que un ciudadano venezolano protagonizó una discusión con un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Durante la intervención en la vía pública, el extranjero cuestionó la autoridad del agente para solicitarle sus documentos y sostuvo que no podían intervenirlo sin autorización.
Según la publicación que acompañó las imágenes, el ciudadano habría señalado que “su ONG así lo ha ordenado”, para justificar su negativa a la intervención policial.
El incidente provocó diversas reacciones en redes sociales, aunque se desconocen las circunstancias completas del procedimiento y la identidad de la organización a la que hizo referencia.
Este episodio abrió interrogantes sobre el papel de las organizaciones que brindan orientación y asistencia legal a la población migrante, así como sobre los límites de su participación frente a las autoridades peruanas.
ONG y asistencia legal a migrantes
Una de las organizaciones que mantiene presencia en el apoyo a la comunidad venezolana es la Unión Venezolana en Perú (Univen), presidida por Óscar Pérez Torrez.
Esta organización no gubernamental constituye una de las principales plataformas de apoyo, integración y asistencia legal para migrantes y refugiados en el territorio nacional.
Entre sus principales actividades figuran la orientación sobre regularización migratoria, la defensa de derechos y el apoyo humanitario a sus connacionales.
La asistencia legal a ciudadanos extranjeros se desarrolla en un escenario marcado por los operativos de control migratorio y seguridad ciudadana que ejecuta el Gobierno mediante el Comando Unificado, integrado por la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Estas intervenciones buscan identificar a ciudadanos extranjeros, verificar su situación migratoria y ejecutar acciones contra las organizaciones criminales.
Fuente: Expreso, 8/11/26