El estancamiento del conteo oficial de votos al 94.56% revela una crisis institucional que involucra a la JNJ, el JNE y la Contraloría.
El proceso electoral del 12 de abril de 2026 ha sumergido al Perú en la incertidumbre. Con una diferencia mínima de 19,057 votos entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, el futuro del país depende hoy de la resolución de 5,763 actas observadas. Aunque la renuncia de Piero Corvetto a la ONPE marcó el inicio de la crisis, diversos especialistas señalan que la responsabilidad es compartida por múltiples organismos del Estado.
La continuidad de Corvetto en el cargo fue garantizada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en julio de 2024. Pese a ser desaprobado en una primera instancia, una reconsideración exprés permitió su ratificación por cuatro años adicionales.
Elecciones 2026: el rol de la JNJ y las fallas técnicas en la ONPE
Expertos como Julio César Castiglioni sostienen que la JNJ omitió fiscalizar los antecedentes de su gestión anterior y los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Durante su administración, se reportaron gastos polémicos que afectaron la eficiencia del sistema. Destacan la inversión de 49 millones de soles en un terreno subutilizado y 41 millones en computadoras e impresoras que presentaron fallas críticas durante la jornada de votación. Asimismo, se cuestionó la adjudicación de 6.3 millones de soles a una empresa de transporte sin experiencia previa en el sector.
La vigilancia del JNE y la responsabilidad del Congreso
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), liderado por Roberto Burneo, enfrenta críticas por la presunta falta de vigilancia en la cadena de custodia. Aunque Burneo atribuyó los errores al software de la ONPE, el organismo autónomo habría incurrido en abuso de autoridad por omisión al no supervisar adecuadamente el despliegue del material electoral, dejando locales cerrados en distritos como San Borja y Magdalena.
Finalmente, el Congreso de la República también aparece en el radar de responsabilidades debido a las recientes reformas aprobadas. La normativa actual permite que las organizaciones políticas mantengan su inscripción hasta 2027, incluso si no alcanzan la valla electoral en este proceso. Esta red de decisiones institucionales dejó a la democracia peruana ante un escenario de vulnerabilidad técnica y legal.
Fuente: Willax Noticias, 23/04/26