Necesario retorno. Entre 2014 y 2024, la institución policial les asignó camionetas y automóviles para que cumplan sus funciones. Sin embargo, luego de jubilarse, se han quedado con los coches olvidando que son bienes del Estado. En plena ola criminal, esas unidades móviles deberían participar en las operaciones policiales.
Entre los que se han quedado indebidamente con las camionetas y automóviles se cuentan 2 tenientes generales, 22 generales y 76 coroneles, de acuerdo con fuentes de la Policía Nacional consultadas por La República.
Un informe del director del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú (OCI-PNP), Carlos Panizo Olivos, reportó que son 119 generales y coroneles en retiro los que no cumplen con la entrega de los coches, según las actas de la Sección de Control Vehicular Policial del Departamento de Administración del Parque Automotor de la División de Logística de la PNP.
Las fuentes consultadas manifestaron que los infractores recibieron reiteradas cartas notariales para que cumplan con retornar con las máquinas que se les adjudicó para que les sirva de apoyo en sus actividades policiales.
Sin embargo, fuentes de la Dirección de Logística de la Policía Nacional confirmaron a La República que luego de haber sido identificados los 119 oficiales generales y coroneles (ver lista completa) que continuaban aferrados a los coches de uso policial, solo 19 cumplieron con retornarlos a la institución como corresponde. El 84% se niega a la devolución de los bienes del Estado.
Entre los 119 casos, se ha reportado que 35 son oficiales que han fallecido, la mayoría del grado de coronel. Pero sus familiares se han apropiado de las unidades móviles pasando por alto que están obligados a reintegrar a la Policía Nacional. No se trata de una herencia.
No se dan por notificados
En un informe elaborado por el jefe de la Sección de Control Vehicular, del Departamento de Administración del Parque Automotor, de la División de Logística de la Policía Nacional, mayor PNP Jorge Chuman Piscoya, señala que un importante número de oficiales que pasaron al retiro solicitaron comprar los coches por los montos y plazos previstos. Pero nunca cumplieron.
Tampoco se acogieron a la figura de la transferencia vehicular, una opción que también les ofrece la institución policial. Ni siquiera responden a las comunicaciones oficiales de la PNP.
De acuerdo con las normas y procedimientos para la asignación, reasignación y uso de los vehículos del parque automotor de la Policía Nacional, las camionetas y automóviles de seguridad deben ser devueltos a la Dirección de Logística de la PNP, en buenas condiciones de funcionamiento y conservación, en un plazo de 7 días calendarios desde el momento del pase al retiro de los oficiales generales y coroneles.
La Policía Nacional destina importantes recursos públicos para la adquisición de vehículos. Como reveló una investigación de La República, en 2025 el Alto Mando autorizó el desembolso de S/17,3 millones para la adquisición de 8 vehículos de alta gama Audi, 40 camionetas Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla para los tenientes generales, generales y coroneles en actividad.
La norma establece que los oficiales que fueron dados de baja, tienen la posibilidad de solicitar al día siguiente de su pase al retiro, la compra del vehículo en un plazo de 30 días calendarios para los trámites de transferencia de propiedad a nombre del usuario. Para dicha finalidad deben presentar un certificado de Gravamen Vehicular Policial y de Infracciones de Tránsito y Transporte, acreditando no contar con deudas pendientes.
No obstante, pese al tiempo transcurrido y a las recomendaciones de la Contraloría General, la Dirección de Administración de la Policía Nacional -que tiene a cargo la División de Logística y la Sección de Control Vehicular de la PNP- no han conseguido recuperar los vehículos el Estado que fueron entregados en la última década (2014- 2024). Y lo que es peor, tampoco se ha puesto en conocimiento de estos hechos a la Procuraduría Pública Ministerio del Interior para las respectivas denuncias penales.
Fuente: La República, 13/1/26