Lista empezó con Alberto Fujimori, siguió con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Desde hace algunos años, el Perú fue testigo de cómo varios de sus más altos mandatarios cambiaron el Palacio de Gobierno por una celda. La lista empezó con Alberto Fujimori, siguió con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Ahora, la reciente orden de prisión preventiva contra Martín Vizcarra podría sumar un nuevo capítulo a esta historia marcada por la caída de mandatarios que alguna vez ostentaron el máximo poder en el territorio peruano.
El Poder Judicial dispuso que Vizcarra cumpla cinco meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación por presuntos actos de corrupción cometidos cuando fue gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
De concretarse su traslado, el exjefe de Estado pasaría a Barbadillo, un penal singular dentro del sistema penitenciario peruano y que, con él, llegaría a albergar a cinco exdignatarios de forma simultánea, un hecho sin precedentes.
Penal de Barbadillo
El Penal de Barbadillo nació en 2007 con un objetivo muy específico: custodiar a Alberto Fujimori tras su extradición desde Chile.
Su infraestructura fue diseñada para un solo interno, con comodidades inusuales en comparación con las cárceles comunes: celdas individuales de unos 15 metros cuadrados, cama, mesa, baño privado y un pequeño espacio para comedor o visitas.
Además, cuenta con servicio médico operativo de lunes a sábado, técnicos de enfermería las 24 horas y una ambulancia equipada para emergencias.
En sus primeros años, Barbadillo parecía un centro de reclusión exclusivo e irrepetible. No obstante, la historia política reciente obligó a modificar su uso.
En diciembre de 2022 ingresó Pedro Castillo, detenido tras intentar disolver el Congreso y acusado de rebelión y organización criminal.
Pocos meses después, en abril de 2023, llegó Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos y condenado por recibir millonarios sobornos de Odebrecht.
En 2025 se sumó Ollanta Humala, sentenciado a 15 años por lavado de activos relacionados con aportes ilegales de Odebrecht y del gobierno venezolano.
Estos nombres se sumaron al del primer inquilino, Alberto Fujimori, quien cumplió 16 años de condena por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Con la posible llegada de Vizcarra, el penal —ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Ate— consolidaría su apodo de “la cárcel de los expresidentes”.
Barbadillo contrasta con las hacinadas cárceles del resto del territorio nacional. Mientras penales como los del Callao, Abancay o Huancavelica soportan hasta 500% de sobrepoblación, este centro mantiene un número reducido de internos, en gran parte por el perfil de sus reclusos.
Pese a ello, la ampliación de espacios es necesaria: se adaptaron ambientes antes reservados a Fujimori para albergar a los nuevos expresidentes, y se reguló el acceso al patio y al biohuerto bajo un régimen cerrado ordinario.
El penal también fue escenario de polémicas. En 2013, un teléfono público instalado permitió que Fujimori diera una entrevista en vivo a una radio local, lo que motivó que se retire temporalmente la línea.
Además, el ingreso de alimentos preparados por familiares es habitual, pese a contar con servicio de alimentación interno.
El eventual traslado de Vizcarra reforzaría la singularidad de Barbadillo como prisión política en el Perú.
En un país donde la corrupción política es una constante, Barbadillo no solo es un penal; es el recordatorio de que, tarde o temprano, la justicia alcanza incluso a quienes alguna vez ocuparon el más alto cargo.
Fuente: Expreso, 14/8/25