DELITO DE CORRUPCIÓN CULMINÓ EN SOLO 72 HORAS CON EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
• Juez del Primer Juzgado Unipersonal de la CSJLN dictó sentencia
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN), a través del Juzgado Unipersonal Penal del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), culminó proceso de corrupción por funcionarios contra la administración pública en solo 72 horas. La eficacia en la culminación de este proceso demuestra la real aplicación del NCPP que tiene como esencia la celeridad procesal.
El Primer Juzgado Penal Unipersonal a cargo del magistrado Aroldo Ramiro Aguirre Núñez, dictó sentencia en solo tres sesiones que duró todo el proceso del expediente N° 6079-2014-79 en contra de David Aranda Flores, acusado por el delito 'Contra la Administración Pública- Cohecho Pasivo Propio' en agravio del Estado.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 11 de agosto, cuando el sentenciado David Aranda Flores en su condición de funcionario público como inspector de transporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), intervino en la carretera de la Panamericana Norte un camión de transporte de carga, el cual era manejado por Adrián Sánchez Quiñones cuando se trasladaba de Sur a Norte con dirección a Huaral.
Es en esa circunstancia que Aranda Flores, solicitó los documentos de rigor al chofer y en cuestión de minutos el inspector solicita a Sánchez Quiñones la cantidad de 500 nuevos soles aduciendo que el certificado de curso de capacitación que entregó era falso y ello consideraría levantar un acta equivalente a una multa de 3 000 mil nuevos soles. El conductor del camión le indicó al inspector que su certificado era verdadero, sin embargo, Aranda Flores no hizo caso y exigió la cantidad solicitada para supuestamente no imponerle la sanción.
El conductor del camión solo entregó la cantidad de 200 nuevos soles, dinero que disponía en ese momento, pero momentos después muy cerca se encontraba un policía en servicio de la Sunat, quien presenció el hecho de corrupción.
Una vez formalizada la investigación por el Ministerio Público, el proceso judicial se llevó a cabo en dos sesiones y se culminó en una tercera sesión con la lectura de la sentencia en el Penal de Lurigancho, imponiéndosele una condena de seis años de pena privativa de la libertad efectiva, que rige a partir del 11 de agosto del 2014 (fecha de su detención), y vencerá el 10 de agosto del 2020. Asimismo, se le impuso una multa equivalente a 5 000 mil nuevos soles por concepto de reparación civil. Además, se le aplicó una inhabilitación de tres años y ocho meses para ejercer el cargo como funcionario público.
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