El congresista Daniel Mora indicó que si la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia concede el pedido de refugio a Martín Belaunde Lossio, actualmente detenido en ese país, ya no procedería su extradición al Perú.
"Si Conare le acepta el refugio se acabó el tema, ya no procede la extradición", sostuvo el parlamentario de la bancada de Perú Posible.
Indicó que en el escenario opuesto, la situación sería más favorable para el Perú. "Si Conare no acepta el refugio, Martín Belaunde ya está detenido y las autoridades peruanas pueden tranquilamente llevárselo", afirmó en RPP Noticias.
Entre tanto, Mora estimó que el procedimiento con fines de extradición podría tardar hasta dos años y anotó que estaríamos sujetos a lo que en Bolivia es considerado delito.
"El Perú queda atado de manos respecto de qué se puede juzgar, porque el delito que se le impute acá, puede no ser delito en el caso boliviano", aseveró.
Por ejemplo, señaló que la acusación inicial contra Belaunde es por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir, pero que en Bolivia solo aplica a funcionarios y no personas civiles.
CONTRAINTELIGENCIA EN PALACIO
De otro lado, Mora en su condición de presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, aseguró que "no es raro que en Palacio de gobierno haya un sistema de contrainteligencia". Al contrario, dijo que esa práctica es normal en cualquier parte del mundo.
Es así que afirmó que los asesores del Gobierno tienen un file elaborado por personal de inteligencia.
Precisamente, el ex jefe del Gabinete Ministerial Salomón Lerner Ghitis afirmó que el Gobierno de Ollanta Humala hizo seguimiento al sociólogo Carlos Tapia, quien fue asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
"Para trabajar en Palacio todos los asesores tienen su file. Deben estar todos registrados", replicó Mora, quien explicó que esa medida se toma para evitar la fuga de información clasificada.
"No se puede aplicar aparato de inteligencia a un civil cualquiera", aclaró, al tiempo de señalar que para proceder con un acto de seguimiento o interceptación telefónica, debe haber el permiso de un juez.