De las 457 denuncias que se revisó en las regiones de Lima, Áncash, Ayacucho y Junín, 121 denuncias de peculado y colusión fueron archivadas sin una investigación diligente de parte del Ministerio Público, en el periodo del 2012 al 2013, informó ayer el defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
“Hay una serie de problemas en investigaciones fiscales referidas a casos de corrupción y peculado, se aprecia que no ha habido una investigación diligente del Ministerio Público, lo que finalmente genera impunidad frente a los casos de corrupción”, expresó.
También, reveló que esta responsabilidad recae en las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Además de los órganos de persecución del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
Asimismo, precisó que las organizaciones políticas que hacen uso de dinero ilícito se le impida de volver a ocupar otros puestos públicos. “Este sistema no debería permitir que un sentenciado por grandes actos de corrupción, sea electo y que además no tenga vergüenza de realizar una colecta pública. Situaciones como estas dañan irreparablemente el sistema democrático”, remarcó Vega.
Se pudo realizar una investigación más prolija
Durante la presentación del informe N°168 denominado “El archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión, estudio realizado en Lima, Áncash, Ayacucho y Junín”, Vega indicó que de las 457 carpetas fiscales revisadas los fiscales de turno que lo archivaron pudieron desarrollar una investigación mucho más prolija.
Según señala el informe, en las regiones Áncash y Junín los casos archivados de forma inadecuada llegaron al 32%, en Ayacucho al 29% y en Lima al 14%. Estos archivamientos fueron el resultado de actuaciones fiscales no ejecutadas o mal planteadas, interpretaciones jurídicas erróneas, valoraciones inadecuadas de los medios probatorios, entre otros criterios.
Uno de los problemas detallados, es que las investigaciones exceden los plazos máximos establecidos. Los archivos que requirieron el desarrollo de actos de investigación se extendieron, en promedio, 275 días. Estas demoras se deben, principalmente, a la tardanza en iniciar diligencias fiscales, a la inconcurrencia de denunciantes, testigos e investigados y a la demora de las entidades públicas en remitir la información solicitada por el fiscal.
Modalidades recurrentes
En el estudio realizado, las modalidades más frecuentes en las que se cometen los delitos de peculado son por apropiación de dinero en planillas fantasmas e obras o servicios, en comprar una menor cantidad de bienes que la presupuestada, en obras no concluidas, no iniciadas o realizadas con materiales de menor costo o calidad, en materiales de construcción para una obra, en cobro excesivo por falsificación de boletas de venta. Así como no presentar documentos contables que sustentes la ejecución del gasto.
Por otro lado, en los delitos de colusión, que es el acuerdo para defraudar al Estado, se identifican la adecuación de bases en contrataciones públicas a postulante específico, el fraccionamiento en la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras para evitar procesos de selección, la manipulación de términos de referencia de contratación de personal y las licitaciones de obras.
Otra de las dificultades detectadas es en la toma de declaraciones, pues el 76% de declaraciones programadas no se efectuaron en la fecha dispuesta, de los cuales, el 59% de estos casos, el fiscal ya no reprogramó una segunda fecha.
Ante ello, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, indicó que al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, le corresponde volver a reabrir los casos que han sido archivados o reiniciar procesos administrativos a los fiscales de turno que archivaron el caso.
Recomendaciones:
La Defensoría del Pueblo recomendó profundizar “el modelo corporativo de trabajo”, que implica compartir diligencias, planificar estrategias conjuntas, investigar casos complejos en equipo y, en general, realizar un trabajo coordinado entre fiscales.
También planteó implementar un protocolo de investigación fiscal que precise “actuaciones mínimas de investigación”, así como implementar una unidad especializada que sistematice y organice la información sobre las denuncias presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción.
Asimismo, recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas, priorizar en el presupuesto público las necesidades del Ministerio Público para la implementación eficiente del Código Procesal Penal, en particular, para las necesidades que demanda la implantación del modelo corporativo en las Fiscalías Anticorrupción.
La Defensoría del Pueblo también hizo llegar sus recomendaciones a la Fiscalía de la Nación y a sus distintas instancias, al igual que al Ministerio de Justicia, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y la Contraloría General de la República.
Dato:
El presidente de Transparencia Internacional y exprocurador anticorrupción, José Ugáz instó al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a dar un paso al costado en el caso tan cuestionado “Orellana”.
