La Contraloría General de la República demandó por la vía civil a funcionarios de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) porque habrían ocasionado un perjuicio económico por más de S/. 5.3 millones, durante la gestión administrativa enero 2009-diciembre 2012.
El organismo de control detectó que los funcionarios incurrieron en conducta negligente al no exigir al contratista sus obligaciones contractuales y no aprobar oportunamente un expediente técnicos. La procuraduría denunció y el caso ha sido admitido por el 32° Juzgado Civil de Lima.