La Contraloría General de la República demandó por la vía civil a funcionarios del gobierno regional de Loreto, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico a la citada entidad regional por más de S/.1’400,000.
Durante una acción de control a la gestión regional 2010-2011, se detectó que los funcionarios habrían incumplido con entregar oportunamente un adelanto directo de recursos para la construcción e implementación del Auditorio Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP.
Esto motivó la resolución del contrato por parte de la empresa contratista.
Los funcionarios regionales debieron atender el requerimiento de pago de adelanto directo, pero condicionaron esa entrega a la presentación del expediente técnico aprobado, situación que no estaba prevista en las bases, el contrato ni en la normativa vigente.
La obra se ejecutaba bajo la modalidad concurso oferta, por el que se contrató el servicio de elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, en virtud del que se debió otorgar el adelanto directo solicitado por la contratista.
Por el incumplimiento de contrato, la empresa constructora obtuvo un fallo arbitral favorable para que el gobierno regional de Loreto le pague la suma de S/.947,370, por concepto de liquidación del contrato y reconocimiento de gastos financieros por garantía de fiel cumplimiento, adelanto de materiales, adquisición de butacas, pagos a profesionales, así como por daños y perjuicios.
Del mismo modo, una acción de control a la gestión 2007-2010 halló que funcionarios del gobierno regionaltransfirieron fondos públicos a una cuenta de una entidad financiera privada, sin contar con la autorización de la Dirección Nacional de Tesoro Público.
El dinero provenía del 12% de los ingresos por canon petrolero destinado exclusivamente alotorgamiento de créditos promocionales en beneficio de productores agrarios, pecuarios y pesqueros de la zona, y a la ejecución de obras de infraestructura en su apoyo.
Este hecho ocasionó que se generen y cancelen gastos bancarios por más de S/.541,254, en perjuicio de la entidad regional, debido al presunto accionar negligente de los funcionarios que abrieron sin autorización una cuenta bancaria en una entidad distinta al Banco de la Nación.
Como resultado de estas acciones de control, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General abrió dos expedientes judiciales contra los presuntos responsables ante el Primer Juzgado Civil de Loreto.
