La Contraloría General de la República informó hoy que halló indicios de delitos en funcionarios del municipio provincial de San Román (Puno), que favorecieron a empresas privadas con la adquisición de bienes y servicios de manera irregular por más de dos millones de nuevos soles.
El hallazgo se produjo como resultado de una acción de control realizada por el máximo órgano de control a la administración edil correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de mayo de 2011.
Según el informe especial “Favorecimiento en la contratación de un sistema de videovigilancia inalámbrico”, el municipio recurrió de forma indebida a una declaratoria de emergencia en 2011 para contratar sin proceso de selección a una empresa que implemente el sistema de videovigilancia en la ciudad de Juliaca, capital provincial.
A ello se suma que el sistema consistente en 30 cámaras, valorizado originalmente en 753,000 nuevos soles, fue sobrevalorado y adquirido a un millón 767,000 nuevos soles.
Asimismo, una adecuación ilegal del contrato permitió a la empresa cobrar el valor total de los bienes entregados sin que fueran instalados ni puestos en funcionamiento.
Ello pese a que el expediente técnico establecía la modalidad de ejecución “llave en mano”, es decir, que los bienes debieron entregarse instalados y operativos.
El informe especial “Favorecimiento en la licitación pública Nº 02-2009-MPSR-J/CE convocada para la adquisición de camionetas y motocicletas” da cuenta que la administración edil adquirió en 2009 diez camionetas pick up y ocho motocicletas sin cumplir con una adecuada licitación pública.
La acción de control determinó que el lote de vehículos, valorizado en aproximadamente 900,000 nuevos soles, no contó en la bases con las características técnicas definidas, ajustando finalmente los criterios a lo que ofreció el postor al cual se le adjudicó la buena pro.
Además, la comisión encargada de recibir y dar la conformidad a la compra no ejecutó las garantías por 92,000 nuevos soles que debió pagar la empresa por entregar los vehículos sin documentos, como la tarjeta de propiedad y las placas, ocasionando un perjuicio a la municipalidad.
La Contraloría señaló que en ambos casos existen indicios de delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como falsedad genérica, tipificados en el Código Penal.
Por ello, los puso en conocimiento de la Procuraduría Pública de la Contraloría General, que presentó la denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial de San Román-Juliaca el 25 de junio de 2012.