Los registros por malos conductos son alarmantes. Estadísticas oficiales del 2025 en Lima Metropolitana consolidaron 1,668 decesos asociados a 847 accidentes fatales.
Las calles de nuestro país conviven a diario con una tensa paradoja. Por un lado, se registra un alarmante escenario de siniestralidad vial que ha dejado miles de víctimas en los últimos años. Por otro lado, existe un grupo de ciudadanos en situación de “muerte civil” tras perder sus brevetes de por vida.
En la recta final del periodo parlamentario, un polémico dictamen busca su aprobación en el pleno. El debate central de esta iniciativa gira en torno a devolver las licencias de conducir canceladas. El beneficio alcanzaría incluso a aquellos conductores sancionados en casos donde el consumo de alcohol estuvo de por medio.
Quienes defienden la propuesta señalan que el automóvil constituye el único sustento económico para muchas familias. Sostienen que una intervención en un control preventivo cambia drásticamente el destino financiero de los hogares.
El autor del proyecto de ley, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, califica las sanciones vigentes como desproporcionadas. El legislador argumenta que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos y que estos merecen una reincorporación. En esa línea, dirigentes del gremio de conductores afirman que toda persona que comete una falta tiene derecho a la rehabilitación.
El enfoque principal del dictamen plantea un beneficio directo para aquellos conductores bajo la papeleta M02. Esto aplicaría para los casos que registraron únicamente daños materiales o que fueron detectados en operativos preventivos.
En la acera opuesta, los datos de la Policía Nacional evidencian la gravedad de la situación en las vías públicas. Durante el año 2023 se registraron un total de 87,083 siniestros de tránsito, los cuales provocaron la muerte de 3,316 personas. Asimismo, las estadísticas oficiales del 2025 en Lima Metropolitana consolidaron 1,668 decesos asociados a 847 accidentes fatales.
Especialistas en seguridad vial advierten que la distancia entre un daño material y una fatalidad es de solo una fracción de segundo. Bajo esa premisa, recuerdan que el Código Penal tipifica la conducción en estado de ebriedad como un delito de peligro abstracto. Esto significa que el riesgo social se configura de manera inmediata al encender el vehículo motorizado.
¿Qué dicen los ciudadanos?
Las consultas realizadas en las calles muestran una marcada oposición por parte de los peatones y conductores que cumplen las normas.
Diversos ciudadanos califican la medida de nefasta e imprudente ante el temor de una reincidencia en las pistas. Además, asocian la propuesta legislativa con intereses políticos de carácter populista orientados a captar votos del sector transporte.
A diferencia del proyecto peruano, que plantea un retorno simplificado por la vía administrativa, los marcos internacionales aplican filtros severos.
Fuente: Willax Noticias, 22/05/26