La Fiscalía realiza un allanamiento en la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones del caso 'Waykis en la Sombra'.
Según la tesis fiscal, la llamada operación 'Ícaro', busca recoger evidencias sobre una presunta red que habría favorecido de forma ilegal a la mina El Dorado, señalada de realizar pagos de dinero a favor de Santiváñez, quien aquel entonces ocupaba el cargo de Ministro del Interior a cambio de recuperar a través de operaciones policiales ficticias las minas Agripina 1 y 2. Dina Boluarte le habría solicitado a Juan Santiváñez coordinar el arraigo laboral de Nicanor Boluarte con esta empresa minera.
La operación fiscal se desarrolla horas antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que evaluará una serie de recursos presentados por el hermano de la presidenta contra la actuación de los fiscales. Además, días después que el TC resolviera que la fiscal de la Nación no puede ser investigada mientras ejerza la presidencia de la fiscalía.
Los fiscales y policías se encuentran en este momento en la casa de Nicanor Boluarte en San Borja y la oficina del Ministro de Justicia y cercano colaborador de la mandataria, Juan José Santiváñez. En este nuevo caso, el hermano de la mandataria figura como vinculado.
Nicanor Boluarte comenzó a ser investigado por direccionar nombramientos de prefectos y subprefectos, entre personajes de su entorno político, con el objetivo de apoyar la gestión pública de su hermana. En una nueva ampliación de las indagaciones, se han encontrado evidencias de que el hermano de la presidencia interviene y promueve nombramientos y designaciones en otras dependencias del Estado.
Uno de los nuevos casos, estaría vinculado al nombramiento de Paulo Zevallos Rivarola como Gerente Comercial de la fábrica de armas y municiones del ejército, FAME, en marzo de este año. El nombramiento se habría realizado días después que Paulo Zevallos se reuniera con Jorge Garboza, director de la ONG “Las manos que ayudan de corazón” y cercano colaborador de Nicanor, y el empresario Diego Alfaro Di Natale, importante proveedor de FAME.
Durante las indagaciones se descubrió que días antes de ese encuentro, la empresa "Industrias de Armas de Israel", representada por Alfaro Di Natale suscribió un millonario contrato con el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan José Santiváñez, para abastecer de armas de la Policía Nacional.
Abogado de Nicanor Boluarte califica allanamiento como "un abuso" por parte de la Fiscalía
Momentos después de iniciarse el allanamiento, Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte llegó al domicilio de su patrocinado y rechazó de forma tajante los señalamientos que buscan relacionar al hermano de la presidenta con una empresa minera con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según indicó, no existe vínculo alguno entre Boluarte y personas ligadas a dicho sector, por lo que considera que la investigación está basada en presunciones infundadas. Además, calificó de "abuso" que la Fiscalía lo vincule con dichas acusaciones.
"Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez. No tienen ningún conocimiento con una persona que trabaje en una minera. No conoce a ninguna de esas personas. Esto es un abuso, absolutamente innecesario (...) Mi patrocinado no tiene nada que ver con ese tema (minera en cuestión). El abuso es el caso, vincular a mi patrocinado con un caso que tenga que ver con una minera es un abuso", declaró.
Nicanor Boluarte: hermano de la presidenta sigue siendo investigado por el caso 'Waykis en la Sombra'
El caso Waykis en la Sombra constituye una investigación paralela en la que Nicanor Boluarte es señalado como presunto líder de una organización que habría traficado influencias para asegurar la designación de prefectos y subprefectos afines a su entorno político en distintas regiones del país. La Fiscalía sostiene que estas colocaciones buscaban consolidar poder territorial en respaldo a la gestión de su hermana, la presidenta Dina Boluarte.
De acuerdo con las indagaciones, los cargos públicos eran negociados a cambio de pagos indebidos o compromisos políticos. Además, se señala que esta red extendió su influencia a otras dependencias estatales, con la participación de colaboradores civiles y policiales.
En ese proceso, Nicanor Boluarte ya afronta medidas restrictivas y acusaciones por organización criminal, y ha presentado recursos al Tribunal Constitucional en busca de revertir la actuación de la Fiscalía.
Fuente: La República, 27/8/25