Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre usan las comisiones que presiden para beneficio propio y persecución política.
Cuando uno reflexiona sobre el rol de las comisiones del Congreso, cabría esperar que cada una de ellas legisle conforme a su especialidad, guiada por el respeto al marco legal y al Estado de derecho. No obstante, la realidad que atraviesa actualmente el Perú dista mucho de ese ideal.
En los últimos años, se ha producido una preocupante transformación de estas instancias parlamentarias en instrumentos de poder político, utilizados para el beneficio particular de ciertos actores y para la eliminación de figuras que defienden la legalidad. Esta situación se evidencia, en particular, en tres comisiones clave: la de Constitución, la de Justicia y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Estos espacios se han convertido en las expresiones más claras del copamiento institucional por parte de una coalición que gobierna en connivencia con la presidenta Dina Boluarte. La Comisión de Constitución se encuentra bajo el control de Fuerza Popular; la de Justicia, dirigida por Perú Libre; y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), por Alianza para el Progreso.
Las muestras de este abuso del poder son elocuentes. Basta con recordar la aprobación de la reelección congresal, disimulada bajo el pretexto de la bicameralidad; la ley de impunidad para delitos de lesa humanidad, contraria al derecho internacional; o la norma que confiere a la Policía Nacional del Perú facultades investigativas, lo que usurpa competencias del Ministerio Público y vulnera su autonomía.
Asimismo, en la Comisión de Justicia se ha aprobado una ley que modifica las condiciones de la detención preliminar, así como otra que debilita el concepto jurídico de organización criminal, lo cual facilita así la evasión de responsabilidades penales.
Estas reformas, sumadas a propuestas orientadas a alterar la composición del sistema de justicia, buscan allanar el camino para el nombramiento de jueces y fiscales supremos afines al poder político, lo que permite además la persecución de operadores de justicia considerados incómodos.
Por su parte, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha incurrido en prácticas abiertamente cuestionables, al blindar sin pudor las denuncias constitucionales contra la presidenta Boluarte y otros altos funcionarios del régimen mientras arremete contra figuras opositoras que podrían representar una amenaza electoral en el futuro.
La manipulación sistemática de las comisiones legislativas para fines particulares y retaliaciones políticas no solo degrada la función parlamentaria, sino que socava la confianza ciudadana en las instituciones. Restituirla debe ser una prioridad ineludible para los partidos democráticos que buscarán ser próximo Gobierno. En lugar de tolerar el copamiento institucional, deben enfocarse en construir una agenda común que permita alianzas políticas sólidas y vitales para recuperar la legitimidad del sistema democrático.
Fuente: La República, 1/6/25