El juez Abel Pulido, quien autorizó la interceptación de las comunicaciones al congresista Luis Galarretea, podría ser destituido de su cargo y hasta denunciado por prevaricato, informó hoy el presidente del Poder Judicial, César San Martín.
Ante la Comisión de Justicia del Parlamento, indicó que el referido magistrado incumplió una serie de procedimientos y requisitos para otorgar esta autorización, tal como se lo hicieron ver los legisladores.
El parlamentario Mauricio Mulder dijo que por ley no se puede interceptar el teléfono de un parlamentario.
Además, recordó que el magistrado primero debió identificar a los titulares de estos teléfonos, antes de otorgar la autorización.
San Martín manifestó que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) podría disponer la suspensión preventiva de Pulido hasta que termine el proceso “el cual será resuelto con rapidez, rigor y objetividad”.
Precisó que como medida disciplinaria, el Poder Judicial solo puede disponer la destitución, pero si se demuestra que el magistrado ordenó la interceptación a Galarreta aun sabiendo que era congresista, habría cometido prevaricato, pues la ley prohíbe dictar este tipo de restricciones a un legislador.
En ese sentido, refirió que de darse el caso, corresponderá a la Fiscalía de la Nación denunciar al juez ante el Poder Judicial, porque se trataría de un delito penal.
En su exposición ante la comisión parlamentaria, San Martín descartó que haya tenido alguna intervención en este caso.
“No he tenido ninguna intervención y no he podido tenerla, es un tema bajo el dominio de un juez, lo que el juez haga o deje de hacer es de su exclusiva responsabilidad”, afirmó.
Señaló que fue el fiscal William Montos el que solicitó al juez Pulido la intervención de 21 teléfonos sin identificar quiénes eran sus propietarios.
Pero dijo que en esa relación de teléfonos figuraba el “238 Galarreta”, pero no especificaba que era del parlamentario de Alianza por el Gran Cambio.
El congresista Luis Galarreta demandó recientemente una sanción para los responsables de haber autorizado la interceptación de sus llamadas telefónicas, en el marco de la investigación del presunto delito de espionaje cometido por el periodista Rudy Palma.
La sesión de la Comisiónde Justicia del Congreso en la que se analiza este tema se inició hoy a las 15.30 horas y se prolonga hasta el momento por más de cuatro horas, con la presencia de los presidentes del Poder Judicial y del Ministerio Público.